La legisladora sostiene que la iniciativa busca aumentar el tope máximo de detención de 30 días, así como habilitar a los jueces y juezas intervinientes a aplicar sanciones desde el primer incumplimiento de las medidas ordenadas, sin necesidad de esperar una reiteración de la conducta.
En este marco, Gaitán recuerda que actualmente el artículo 20 de la ley 2786 establece sanciones de multa y arresto ante el incumplimiento de las medidas dispuestas por la autoridad judicial, con un arresto de un máximo de 5 días condicionado generalmente a la reiteración del incumplimiento.
Al respecto, considera que esta limitación resulta insuficiente en términos preventivos, punitivos y disuasivos y, muchas veces no logra generar un efecto reparador ni correctivo en la conducta del agresor.
Por esto sostiene que la iniciativa apunta a dotar a la autoridad judicial de herramientas más eficaces, ágiles y proporcionales frente a la gravedad de la desobediencia judicial, que no puede ser tolerada cuando está en juego la integridad física, psíquica o emocional de las mujeres víctimas de violencia.
También agrega que la propuesta aspira a priorizar la prevención del daño, la protección efectiva de los derechos fundamentales y la reafirmación de la autoridad judicial como garante de los derechos humanos.
El proyecto de ley (17566) ingresó por Mesa de Entradas el 8 de abril de 2025 y lleva las firmas de Ludmila Gaitán, Cielubi Obreque y Claudio Domínguez (MPN) y Carina Riccomini (Juntos).
